El Sindicato Médico de Castilla y León acusa a la Administración de querer modificar de forma unilateral el decreto de jornada laboral firmado en 2005 para limitar el número de libranzas anuales por sábado trabajado. El resto de los sindicatos se han sumado al rechazo de CESM.
El Sindicato Médico de Castilla y León denuncia que la Administración sanitaria autonómica pretende modificar de forma unilateral y por decretazo la jornada laboral vigente en la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) desde 2005. Según el sindicato, el objetivo de esa reforma es que los días de libre disposición que actualmente disfrutan los profesionales se correspondan con los sábados trabajados realmente.
El Acuerdo para la Modernización del Sistema Sanitario Regional que la Administración firmó en 2002 (poco después de la asunción de las transferencias sanitarias) con todos los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad establecía que los trabajadores de Sacyl tendrían dos días adicionales de libre disposición por año para compensar los sábados trabajados que coincidieran con festivos locales, regionales o nacionales. Según Eloy Díez, secretario general de CESM en Castilla y León, "esa cifra se fijó como media de un ciclo plurianual que pretendía compensar unos ejercicios con otros".
Es decir, el profesional tendría dos días más de libranza independientemente del número de sábados que trabajara ese año. Según Díez, el acuerdo de 2002 fue refrendado en el decreto 61/2005 de modificación de jornada, "aunque ya entonces la consejería lo rubricó a regañadientes y con una redacción un tanto ambigua".
La reforma que Sacyl pretende introducir ahora con la frontal oposición de todos los sindicatos de la mesa una correspondencia directa entre sábado trabajado y día de libranza, "de forma que si hacemos el cómputo en un ciclo de cinco o seis años, el profesional pierde por decreto libranzas que hasta ahora tenía reconocidas",
Reacción unánime
De momento, la última mesa sectorial se saldó con un comunicado de CESM y una rueda de prensa conjunta del resto de los sindicatos en la que acusaban a la consejería de "intentar modificar por decretazo un acuerdo que se ha gestado en las mesas de negociación".
Pese al frontal rechazo sindical, la Consejería de Sanidad de la comunidad tiene intención de elevar su decreto a la Mesa General de Empleados Públicos y al Consejo de la Función Pública, que es donde debería refrendarse. Los sindicatos ya amenazan con acciones de protesta.
